article1

El negocio del agua pública
Con redes de agua que hay que reparar y mejorar con grandes inversiones, los gobiernos están cediendo el negocio del agua al sector privado.

En la mayor parte de Europa y Norteamérica, nadie valora el agua como se debe.
     Se abre el grifo y siempre sale agua potable; se saca el tapón y desaparece.
     Las tuberías, ocultas bajo tierra, detrás de paredes o debajo de armarios, transportan el líquido de manera invisible. La factura que nos llega con el correo es a menudo lo único que nos recuerda que el acceso a agua potable no es un derecho divino.
     En otras partes del mundo, las cosas son bastante diferentes. A principios de los 90, en Trinidad y Tobago, el agua potable sólo fluía de seis a doce horas diarias y se interrumpía totalmente, por término medio, cada sexto día. Una empresa pública era responsable del suministro y el país parecía poco dispuesto a invertir el dinero para resolver los problemas del sistema.
     En 1996, Trinidad y Tobago traspasó el servicio a un consorcio británico, compuesto por Severn Trent Water International y George Wimpey Caribbean Ltd. Estas empresas repararon las tuberías con fugas y los anticuados sistemas de conducción, sustituyeron la mitad de las bombas eléctricas y emprendieron un programa acelerado de formación para los trabajadores locales sobre cómo operar y mantener el sistema. En 1997, los cortes de agua bajaron a tres días al año y los niveles de pago subieron del 58% al 85%.
     Albert Fry, del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, dice que la experiencia de Trinidad y Tobago es un buen ejemplo de una tendencia global: tras años de agua a un precio demasiado bajo y de gestión ineficiente, los gobiernos están empezando a privatizar el negocio del agua.
     Se acude a las empresas privadas por su capital, su tecnología y su know-how. Unas pocas compañías globales del agua, principalmente de Francia y el Reino Unido, se han adjudicado contratos que van desde la prestación de servicios hasta la concesión o la plena propiedad.
     El Banco Mundial estima que 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia, y que 2.000 millones carecen de un saneamiento adecuado.
     "Es un gran problema", dice Jamal Saghir, director de energía y agua del Banco Mundial. "Es importante ayudar a los países en vías de desarrollo a cambiar el marco institucional, para permitir la prestación de servicios de agua y saneamiento de mejor calidad. Acogemos favorablemente la participación del sector privado".
     En Europa oriental, la privatización está contribuyendo al avance de los países hacia su ingreso en la Unión Europea.
     El servicio de suministro de agua tradicionalmente se ha considerado un servicio público, dice Fry. Los monopolios públicos han controlado los sistemas de agua y saneamiento, y las tarifas se han mantenido artificialmente bajas, incluso gratuitas, para que todo el mundo pudiera tener el servicio de agua.
     Con pocos o ningún ingreso derivado del servicio, los servicios públicos dependían del gobierno nacional para su financiación. "Normalmente esperan hasta que hay un problema, luego piden socorro al gobierno nacional", dice Fry. "Puede que estas empresas tengan que construir embalses, tuberías y plantas de tratamiento nuevas, pero el dinero no llega hasta que la gente prácticamente se muere en las calles".
     Desde Londres hasta Atlanta y Buenos Aires, las empresas públicas fracasaban rotundamente a la hora de mantener en funcionamiento sus oxidadas infraestructuras de agua y saneamiento.
     En el Reino Unido, por ejemplo, las tasas de filtraciones eran de hasta el 50%, dice Fry. "No se incentivaba la conservación del agua. Lo mismo ha ocurrido en Nueva York: si una tubería se revienta, el agua sencillamente se derrama en la calle. A nadie le importa".
     Sin embargo, llame a los servicios del sector privado e inmediatamente tendrá arreglada una fuga, dice. A partir de 1989, el Reino Unido privatizó completamente su sector del agua. La idea de la privatización o las sociedades mixtas estatales-privadas se extendió rápidamente por todo el mundo.
     En la mayoría de los casos, las empresas públicas no se han desprendido de sus activos, formalizando en su lugar un contrato de explotación privada a cambio de la inyección de capital para renovar y modernizar el sistema. Las empresas privadas han mostrado repetidamente que pueden dirigir los sistemas a más bajo coste y mejor.
     "Básicamente, la cuestión no es público frente a privado", dice Fry. "La cuestión es eficiente frente a ineficiente".
     Los centros urbanos, sobre todo en el mundo en vías de desarrollo, figuran entre las zonas donde es más urgente mejorar las instalaciones de suministro de agua. Desde Manila hasta Bombay y Río de Janeiro, la gente llega en tropel a las ciudades y a barrios mal urbanizados o zonas de ocupación ilegal.
     Al carecer de servicios de agua, estos recién llegados pueden acabar pagando precios astronómicos por agua de un camión cisterna. En Manila, un estudio revelaba que el agua absorbía hasta dos tercios de muchos presupuestos familiares, según Luan Greenwood, responsable de comunicaciones internacionales de Ondeo (antes Suez Lyonnaise Des Eaux) de Francia, uno de los principales actores del sector global del agua.
     En la otra parte del mundo, Buenos Aires es un ejemplo clásico de la privatización del agua. De 1950 a 1990, la ciudad casi cuadriplicó su tamaño, a 9 millones de personas. Casi una tercera parte de ellas no estaban conectadas a un suministro seguro de agua potable.
     En 1993, Suez Lyonnaise Des Eaux lideró un consorcio para explotar el sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad durante 30 años, acordando invertir 4.000 millones de dólares durante ese período, en plantas de tratamiento de agua. En 1994, por primera vez en 30 años, la ciudad no tuvo ningún corte en el suministro de agua. En 1998, 1,6 millones más de personas -muchas de ellas en zonas de renta baja- tuvieron acceso al agua. La calidad del agua mejoró, la pérdida de agua por fugas bajó sustancialmente y el agua era más barata que en ninguna otra ciudad de Argentina.
     La revista Fortune denomina a Suez "la pionera en privatización". De las 30 ciudades más grandes, que han privatizado sus servicios de agua y saneamiento, en la última década, 20 han elegido a Suez, incluyendo Manila, Jakarta, Casablanca, Santiago de Chile y Atlanta.
     El otro actor principal del mercado también es francés: Vivendi tiene contratos en Berlín, Praga, Bucarest, Almaty, las provincias de Belén y Hebrón de Cisjordania y otros en Europa, China y Malasia. En 1999, compró us Filter, con lo que se convirtió en el mayor fabricante de equipos de tratamiento de agua de Estados Unidos.
     Thames Water International -la empresa de agua privada de Londres, desde septiembre del 2000 una filial al 100% de la empresa alemana de multiservicios rwe tiene varios proyectos repartidos por todo el mundo, incluyendo Indonesia y Puerto Rico.
     Otro actor importante es Azurix, una empresa de capital norteamericano-británico. Azurix llegó a los titulares cuando se hizo cargo de una de las compañías de agua más importantes del Reino Unido, Wessex Water Plc., y se adjudicó el contrato para gestionar los suministros de agua de Río de Janeiro.
Entre otros actores principales, se incluyen International Water, United Utilities y Anglian Water International del Reino Unido, y Suar International de Francia.
     El concepto es sencillo, decía el presidente de Vivendi Water, Richard Heckmann, a Waterinvestments.com. "Haz fácil y barato el acceso al tratamiento del agua", decía. "Ofrece las tuberías, las bombas, las válvulas. Proporciona la ingeniería, los equipos, el dinero, la operación… todo lo que quieran. Eso es lo que hicimos nosotros".
     Normalmente esto se hace a través de una sociedad estatal-privada, que puede ir desde un sistema de construcción, explotación y retrocesión (BOT) hasta un contrato de concesión (véase el recuadro). En los países en vías de desarrollo, se dispone de préstamos a través de organizaciones multilaterales de ayuda, como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).
     En los últimos cinco años, el Banco Mundial ha proporcionado entre 500-700 millones de dólares anuales para proyectos de agua y saneamiento en países en vías de desarrollo, según Saghir. El EBRD, que se centra en Europa central y oriental y los estados de la antigua Unión Soviética, ha financiado 38 proyectos a un coste de más de 1.000 millones de euros, según Thomas Maier, subdirector del equipo de infraestructuras municipales y medioambientales en el EBRD.
     "En Europa central y oriental y en los estados de la antigua Unión Soviética, ha habido décadas de subinversión y sistemas centralizados ineficientes para el servicio local. La herencia ha sido bastante austera", dice.
     El EBRD estructura la enorme mayoría de sus proyectos de inversión en el sector del agua sin garantías gubernamentales. En países en transición avanzada, como Polonia, los proyectos no llevan consigo garantías financieras municipales.
     "Somos muy selectivos a la hora de elegir a nuestros socios de inversión, porque corremos un riesgo financiero alto", dice Maier. "Sólo operamos con compañías del agua y municipios que aplican el concepto de un medio ambiente limpio, y sólo aceptamos políticas tarifarias y principios empresariales que aseguran que las inversiones en agua se implementan de una manera sostenible financieramente".
     La palabra clave es "sostenibilidad". Lo único que importa del compromiso del sector privado es hacer que vuelvan a funcionar las viejas y oxidadas instalaciones de suministro de agua. Si eso no es posible, construirán sistemas nuevos, que se extenderán hasta las afueras de las megaciudades en pleno crecimiento, haciendo llegar agua potable a los hogares de la gente, llevándose sus aguas residuales y ganando dinero al mismo tiempo.

Chile: Intereses privados, interés público
De la mano de grandes consorcios internacionales, Chile se apresta a sumarse al reducido grupo de naciones del mundo que tratan todas sus aguas residuales.
En un plazo de diez años, Chile pasará de no haber tratado sus aguas residuales a tratarlas todas. Y ya en el 2002, con plantas funcionando en las principales ciudades, se eliminará una parte considerable de la carga ambiental y de salud de sus cursos de agua, y de su litoral marino.
     Las autoridades subrayan que este plan, con un costo total superior a los 2.000 millones de dólares, no le costará nada al erario público. En su totalidad, las obras se financian con inversiones directas de las empresas privadas que han adquirido parte o la totalidad de las compañías de aguas y servicios sanitarios.
     Un grupo de actores como Suez, Aguas de Barcelona, Anglian Water y Thames Water, provenientes de la escena internacional, pagó una suma superior a los dos mil millones de dólares para hacerse con el control de una veintena de empresas públicas de servicios sanitarios.
     "El estado tenía los recursos para financiar la construcción de infraestructura. Pero se prefirió derivar las inversiones a otros sectores y dejar que empresas privadas ejecutaran y financiaran su plan, dentro de un marco regulatorio muy preciso", dice Juan Saldivia Medina, el titular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
     "Las empresas públicas del agua ya habían trabajado por años bajo condiciones de mercado así que no hubo grandes aumentos tarifarios con la operación comercial. Cuando todo el plan de tratamiento de aguas residuales se haya completado, las tarifas habrán aumentado en un 40%, en concepto de nuevos servicios, por encima del precio de provisión de agua", dice el funcionario.
     "Las grandes obras de infraestructura debían reflejarse en las tarifas, y no tiene nada que ver con que las empresas sean públicas o no. Yo creo que con profesionales capacitados y con experiencia, como en nuestro caso, se puede controlar mejor los gastos y generar un aumento menor", dice Yves Lesty, gerente de Técnica y Medio Ambiente de Emos, Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, la mayor compañía del agua del país. Privatizada en 1999, con una participación mayoritaria de Suez y Aguas de Barcelona, emos presta servicios a la capital chilena y zonas aledañas que concentran la mitad de los 12 millones de habitantes del país.
     En enero de 2002, la empresa pondrá en marcha la planta de tratamiento de El Trebal, con una capacidad de 4,3 m3/ segundo, la primera planta de la capital, y en el 2004 se inaugurará la planta La Farfana, que con sus 8,8 m3/s será una de las mayores de toda Latinoamérica. Ambas tendrán tratamiento biológico y etapa de desinfección en la línea de tratamiento del agua, y una línea de tratamiento de los lodos completa que pondrán a la capital chilena en pie de igualdad con las normas del mundo desarrollado.
     El plan de inversiones, con sus estrictos plazos, pone mucha presión en las empresas y en la ejecución de las obras. "Hemos apelado a grandes empresas internacionales, con el know how y la experiencia que garantice una rápida evolución de los proyectos", dice Lesty, de EMOS.
     Una de esas empresas que desembarcó su tecnología internacional en Chile fue Omnium de Traitment et de Valorisation, OTV, perteneciente al coloso Vivendi.
     "Nuestro producto es nuestra ingeniería y nuestro aporte, en entendimiento con emos, fue partir de una ingeniería y una manera de trabajar propias, en lugar de -como se hacía antes aquí- con planes detallados elaborados por consultores del cliente y con contratos de tipo "shopping list", dice Bruno Valla, director de operaciones de OTV.
     "En tres meses cambiamos el layout del proyecto, logramos la aprobación del cliente y adjudicamos la obra, tras revisar equipos y proveedores", dice Valla. "Plazos imposibles sin una ingeniería propia, con 8 ingenieros traídos de Brasil y Francia, y casi 40 locales, y un cliente final con autonomía, experiencia y conocimientos del sector. La toma de decisiones fue rápida y en el lugar".
     "Los proveedores internacionales que cooperan en nuestros proyectos tienen su representación aquí y ha sido una condición para que haya interactividad durante el trabajo", explica el gerente de OTV.
     "Obviamente, siendo una multinacional, tenemos contactos para bajar nuestros costos en negociaciones internacionales. Pero al mismo tiempo, e ITT Flygt es un ejemplo, existía la base técnica y de servicios para que hiciéramos nuestras compras en Chile", dice Valla.
     Tanto las grandes operadoras como las empresas de servicios de ingeniería coinciden en que, en esta etapa del plan de inversiones, sus contratos van a empresas que pueden acompañarlas en el plano internacional así como en el local.
     "Cuando importamos un equipo exigimos una representación local fuerte. Lo contrario es muy arriesgado desde el punto de vista operativo. Nos interesa también la transferencia de tecnología porque se abre ahora el mercado de los efluentes industriales", dice Yves Lesty de EMOS.
     La privatización de los servicios sanitarios no estuvo exenta de debate y dudas. El estudio de la regulación y la aprobación de la ley llevó tres años. En el público existía, y aún persiste, cierta preocupación por la evolución de las tarifas y por el desempeño de empresas comerciales al frente de un servicio tan básico como la provisión de agua.
     En la SISS se señala que controlar la calidad y el precio del servicio prestado por las empresas privadas es una tarea desprovista de complejidad. Más difícil, se señala, es fiscalizar el futuro.
     "El sector sanitario no es intensivo en tecnología y la vida útil de la infraestructura es muy larga. Hay riesgo de falta de inversión y mantenimiento. Una empresa que tiene un contrato de explotación de veinte años puede decidir mantener sólo por 15, lo que amenazaría la calidad del servicio diez años más tarde. Para evitarlo, se decidió vender la propiedad de las plantas en lugar de conceder su explotación", dice Juan Saldivia Medina.
     El modelo de privatización chileno es considerado un modelo de segunda generación, con algún parentesco con el sistema británico, pionero entre las privatizaciones.
     "Pero la experiencia británica tiene sólo 12 años. Filipinas, México y Argentina son aún más recientes. La experiencia internacional es limitada. Ahora somos objeto de estudio, y recibimos visitas del sudeste asiático y el este europeo", dice Juan Saldivia Melina.
     "Es prematuro hacer juicios definitivos sobre el modelo chileno. El principal problema han sido los cambios accionarios en algunos consorcios que se formaron para comprar las empresas. Se han superado y el modelo funciona bien, pero está todavía a prueba", concluye el funcionario.
     Con él coincide Claudia Collado, de Consumer International, una organización internacional de respaldo al consumidor. El modelo es perfectible, dice, pero sus dardos no son para las operadoras, que en su operatoria comercial se han esmerado en el trato con el cliente.
     "Opinamos que el regulador muestra poco interés en la participación del consumidor y en facilitar los reclamos que no han sido atendidos por las empresas", dice Collado. "Tenemos por lo menos que lograr que se ponga el número de teléfono del ente fiscalizador en la factura del servicio".
     A largo plazo, su organización trabaja contra lo que llama "la diferenciación del cliente", que explica el fenómeno por el cual un cliente de una empresa de aguas en Chile, no tiene los mismos derechos, mecanismos de reclamo o compensaciones por falta de servicio, de una empresa del mismo consorcio en Argentina o en Francia.
     "La globalización que se ha producido en el mercado tiene que acompañarse de una globalización de las obligaciones de las empresas y de los derechos de los consumidores", concluye.

Grados de compromiso
Las sociedades estatales-privadas del sector del agua están pensadas para atraer inversión privada para mejorar la eficiencia de las plantas. En un contrato de construcción, explotación y retrocesión (BOT), por ejemplo, el sector privado financia, desarrolla y explota una instalación de suministro de agua durante 20 a 30 años.
     En 1998, por ejemplo, China aprobó un contrato tipo BOT para Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, donde la demanda estaba creciendo a un ritmo del 10-15% anual. A un consorcio liderado por la sociedad matriz francesa de Vivendi, Compagnie Générale des Eaux, se le dio la tarea de construir y mantener una planta nueva de tratamiento de agua, un conducto de 27 kilómetros y las conexiones nuevas necesarias. Todas estas instalaciones se traspasarán de nuevo a Chengdu cuando finalice el contrato.
     Aunque los proveedores de BOT pueden paliar las carencias inmediatas, no tienen ningún efecto sobre los grandes problemas de ingresos a nivel del sistema entero. Por ello, muchos países han avanzado un paso más adjudicando contratos de concesión para sistemas enteros, normalmente para 30 años.
    En estos casos, la ciudad concede a una empresa privada el derecho a utilizar sus activos. La empresa privada gestiona todas las operaciones y el mantenimiento, el cobro de cuotas y las actividades de gestión. Es responsable de las inversiones en activo fijo además de financiar las inversiones usando las tarifas pagadas por los usuarios del sistema. La ciudad recibe un pago inicial una cuota por concesión a cambio de una garantía gubernamental que cubre gastos imprevistos, como los creados por una legislación nueva.
     Las concesiones son muy solicitadas por su potencial de lograr mejoras sustanciales y sostenibles en la eficiencia de las operaciones y la inversión, pero para su correcto funcionamiento, exigen un sólido mecanismo regulador. El contrato de 30 años de duración que Buenos Aires concedió al consorcio liderado por Suez es un ejemplo clásico.
     Además de la concesión está la plena privatización de los activos del agua y saneamiento, como se ha hecho en Inglaterra y Gales. Una buena estructura reguladora es clave, recalca Albert Fry del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible. "Los gobiernos locales deben centrarse en la regulación para proteger al consumidor de los abusos en los precios y proteger a los inversores que cumplen con sus contratos", dice.